TSJ declara inadmisible acción judicial contra Ministro de Ciencia y Tecnología intentada por #CASTILLOSERRANO

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La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible la demanda por abstención interpuesta por el abogado Oswaldo Rafael Cali Hernández, actuando en nombre propio y en representación de la Asociación Civil Espacio Público, contra el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Esta acción fue solicitada, según alegó Cali Hernández, por la falta de oportuna y adecuada respuesta a la petición de información hecha con relación a la existencia de bloqueos y restricciones comunicacionales presuntamente impartidas por parte de ese Despacho Ministerial a determinados servicios de Internet, entre ellas a portales web de noticias y en los sitios web como “twimg.com”, “bit.ly”, así como la aplicación “zello.com”.

Recordó el Alto Juzgado que sobre el ejercicio del derecho a la información, contenido en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional, con carácter vinculante, en sentencia N° 745 del 15 de julio de 2010, determinó límites al ejercicio del derecho del ciudadano a ser informado, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo el derecho a la vida, por lo que el derecho a la información no puede ser invocado como un elemento que contribuya a la antijuricidad.

A partir de la señalada decisión, y para salvaguardar los límites del ejercicio del aludido derecho, la parte solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales requiere lo peticionado, así como justificar que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar.

En atención al referido criterio sentado por la Sala Constitucional, se observa que Oswaldo Cali Hernández se limitó a señalar que la información solicitada es necesaria para el ejercicio de la Contraloría Social, sin explicar hacia dónde estaría dirigido el control que se pretende ejercer, ni cuáles serían las actuaciones realizadas por la Administración que -a su decir- conllevarían a una posible infracción o irregularidad que afecte los intereses individuales o colectivos de los ciudadanos. Igualmente, se aprecia que no especificó el uso que le daría a la información requerida.

Agrega la decisión de la Sala Político Administrativa que “resulta oportuno advertir que información como la requerida al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, puede encontrarse en los informes anuales que son rendidos por los titulares de los ministerios ante la Asamblea Nacional, dada su obligación constitucional (artículo 244) de presentar una memoria razonada y suficiente sobre su gestión del año inmediatamente anterior, la cual es de carácter público”.

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Improcedente acción de amparo constitucional cautelar contra un Decreto Presidencial #CASTILLOSERRANO

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La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente la acción de amparo constitucional cautelar, interpuesta por Nelson Riedi Cabello, actuando como presidente del Colegio de Abogados del estado Carabobo, y un grupo de profesionales del Derecho, contra los artículos 2, 3 y 6 del Decreto Presidencial N° 664 del 10 de diciembre de 2013, publicado al día siguiente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.313.

El referido decreto declara Monumento Nacional la obra arquitectónica denominada “Parque  Recreacional  Sur-Plaza  Monumental”, ubicada en la parroquia Santa Rosa, del municipio Valencia del estado Carabobo.

Sostienen los solicitantes, entre otros alegatos, que el Decreto menoscaba el derecho a la propiedad del mencionado municipio valenciano así como el derecho de propiedad de un grupo de personas que habitan en dicha entidad político territorial.

Al respecto la sentencia del TSJ indicó que “los accionantes no representan al municipio Valencia del estado Carabobo, en consecuencia, mal pueden invocar la violación de un derecho para el cual no se encuentran legitimados”.

Luego de constatar la Sala Político Administrativa que en el presente caso no se cumplieron los requisitos para acordar una acción de amparo constitucional cautelar, se declaró improcedente la petición.

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TSJ declara inadmisible acción judicial interpuesta por la Asociación Civil Espacio Público contra la Defensora del Pueblo #CASTILLOSERRANO

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La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró inadmisible la demanda por abstención ejercida por la Asociación Civil Espacio Público, contra la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

Esgrimió Espacio Público que hizo una solicitud de información a la Defensoría del Pueblo sobre el Informe presentado por dicha institución del Estado, cuya finalidad, según la requirente, era dar a conocer los resultados obtenidos en la investigación denominada “Situación de los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva de las adolescentes que acuden a establecimientos asistenciales en Venezuela”, pero no recibieron respuesta.

Recordó el Alto Juzgado que sobre el ejercicio del derecho a la información, contenido en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional, con carácter vinculante, en sentencia N° 745 del 15 de julio de 2010, determinó límites al ejercicio del derecho del ciudadano a ser informado, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo el derecho a la vida, por lo que el derecho a la información no puede ser invocado como un elemento que contribuya a la antijuricidad.

A partir de la señalada decisión, y para salvaguardar los límites del ejercicio del aludido derecho, el solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales requiere lo peticionado, así como justificar que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar.

En el presente caso, señaló la Sala Político Administrativa, que vistos los términos en que fue formulada la petición ante la Defensoría del Pueblo, consideró que la misma resulta vaga o genérica, porque la parte solicitante no arguyó el fin específico por el cual requería la información.

“Lo anterior, denota que no hay correspondencia entre la magnitud de lo peticionado con el uso que pudiera dársele, motivos por los que no se considera satisfecho lo establecido por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal”, precisó la Sala Político Administrativa del Alto Juzgado.

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Juzgado del estado Guárico conocerá recurso interpuesto por funcionario policial destituido del cargo #CASTILLOSERRANO

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Al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico corresponde la competencia para conocer y decidir de una acción judicial interpuesta  por el ciudadano Gregory Dubinis Peña Balaustren, contra una decisión del Consejo Disciplinario de la Región de los Llanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que lo destituyó del cargo de “Detective”.

En el presente caso Gregory Peña Balaustren interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial ante el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, contra la decisión del 19 de octubre de 2009 contentiva del asunto del Consejo Disciplinario de la Región de los Llanos del Cicpc, que le impuso la referida sanción. Sin embargo el señalado tribunal se declaró incompetente para conocer del presente asunto y declinó el conocimiento del mismo en las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no aceptó la declinatoria y planteó el conflicto negativo de competencia, por lo que ordenó la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Recordó la Sala del Alto Juzgado que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la competencia para conocer de los recursos interpuestos por los funcionarios adscritos a los órganos de seguridad del Estado en virtud de la relación de empleo público, se determina por la materia; razón por la cual, en aplicación de los principios de orden constitucional relativos al juez natural, previsto en el artículo 49 numeral 4 de la Carta Magna, el conocimiento de tales causas corresponde a los ahora denominados Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, (todavía nombrados Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo).

En aplicación del principio constitucional de acceso a los órganos de administración de justicia y con fundamento en lo establecido en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Sala del TSJ declaró que la competencia para conocer el presente caso corresponde a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos, específicamente al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico.

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CUANDO APLICA EL PRINCIPIO DE IGUAL SALARIO POR IGUAL TRABAJO? #CASTILLOSERRANO

El principio de igual salario por igual trabajo es uno de los principios orientadores del Derecho del Trabajo, que tiene como objetivo evitar la discriminación entre trabajadores. En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (la “Sala”), recientemente dictó una sentencia, sobre la que realizamos las siguientes consideraciones.

1. De los Hechos y la Decisión de la Sala

En la sentencia Nº 1497, dictada por la Sala en fecha 27 de octubre de 2014 en el caso: Serenos Asociados de Anzoátegui, C.A[1] se estableció que no era procedente el reclamo presentado por el trabajador sobre la homologación del salario, debido a que no concurrían las condiciones necesarias para que fuera aplicado el principio de igual salario por igual trabajo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Trabajo (“LOT”), que actualmente se encuentra regulado en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (“LOTTT”).

En su demanda el trabajador reclamó la homologación del salario, por lo que argumento que: (i) cumplió las mismas funciones y actividades que otro trabajador; y (ii) tenía derecho al pago de las comisiones de venta, cobranza e instalación de equipos, por realizar el mismo trabajo que otro trabajador.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala consideró que: (i) para aplicar el principio de igual salario por igual trabajo, es necesario que ambos trabajadores desempeñen un mismo puesto de trabajo, en una misma jornada de trabajo y en iguales condiciones de eficiencia; (ii) no se cumplieron las condiciones previstas en el artículo 135 de la LOT (actualmente artículo 109 de la LOTTT); y (iii) no era procedente homologar el salario del trabajador, por lo que, en consequencia, no eran procedentes las comisiones.

2. Fundamentos de la Decisión de la Sala

La Sala, debido a que no se cumplieron las condiciones previstas en el artículo 135 de la LOT (actualmente artículo 109 de la LOTTT), determinó que no era procedente el reclamo de la homologación del salario del trabajador, por lo que, en consecuencia, no eran procedentes las comisiones. Adicionalmente, el trabajador no demostró el cumplimiento de las condiciones para que resultará aplicable el principio.

Así tenemos, que la Sala, en la sentencia, sostuvo que de la revisión de “las actas que corren insertas al expediente, se constata que efectivamente el ciudadano Luis Enrique Paredes Vargas ejercía el cargo de Gerente de la Región Guayana, mientras que el ciudadano Víctor Segovia fue Gerente General del estado Anzoátegui, dos cargos distintos. Así las cosas, no se evidencia que el trabajador exprese en el escrito libelar, ni aporte a los autos, elementos que permitan determinar que desarrollaba sus actividades en las mismas circunstancias de igualdad de puesto, jornada y condiciones de eficiencia profesional que el ciudadano Víctor Segovia, es decir, que ejercieran las mismas funciones, lo cual es necesario a los fines de determinar el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Trabajo; lo que conlleva a declarar sin lugar la solicitud de homologación del salario del ciudadano Luis Enrique Paredes Vargas, con el del ciudadano Víctor Segovia.”

De igual forma, hay que tomar en consideración que la Sala, con la sentencia, ratificó su criterio sobre el principio de igual salario por igual trabajo, que había desarrollado en la sentencia Nº 735 dictada por la Sala en fecha 27 de mayo de 2008 en el caso: British Airways, PLC[2]

3. Conclusiones

Para que resulte aplicable el principio de igual salario por igual trabajo, es necesario: (i) que el trabajo se desempeñe en un puesto de trabajo igual; (ii) que lo trabajado sea en la misma jornada de trabajo; y (iii) que los trabajadores tengan las mismas condiciones de eficiencia.